Legitima defensa

Otra vez armas por plata

El gobierno ha lanzado un intercambio de armas de fuego por dinero. La cuestión fundamental es determinar hasta dónde esta ley es efectiva para bajar el delito y los índices de mortalidad por disparos y hasta dónde es funcionar a los propios criminales. Las experiencias anteriores no arrojaron resultados destacables. Cabe ahora saber si se hace por oportunismos preelectoral o se busca crear conciencia. En cualquier caso quedan las sospechas de que no es un mecanismo eficaz.

Una vez más se puso en funcionamiento el extraño mecanismo de cambiar armas por dinero, que impulsa el gobierno como una forma de reducir (a su criterio) las muertes y los hechos delictivos atribuidos al uso de armas por particulares.

Personalmente he visto en más de una oportunidad la implementación de planes similares y lamentablemente debo decir que en mi opinión es como darle una aspirina a un enfermo terminal y si bien, todo lo que ayude a bajar el índice de criminalidad o muertes por accidentes debe ser bienvenido, el programa de cambio de armas por dinero lejos de contribuir en ese sentido y de bajar el porcentaje del delito, tiene varios agujeritos por donde hace agua.

Sin abordar en profundidad una temática tan compleja como la seguridad, cosa que además debe ser tema de los entendidos en la materia, quiero hacer referencia a este impulso irresistible que tienen los gobiernos, lo hicieron con mayor o menor empeño (pero sin éxito) Alfonsín, Menem, Duhalde y ahora Kirchner, de combatir el delito desarmando a la población, cosa que además no lo logran como es lógico suponer.

Negocio para el crimen I

Pagando entre 30 y 125 dólares (100 y 400 pesos) por arma como lo está haciendo el gobierno actualmente alienta dos aspectos bien determinados de la ilegalidad: el tráfico de armas “marcadas” y la desaparición de pruebas.

La norma que reglamenta la entrega de armas exime al tenedor (o sea quien la entrega) de identificarse en el momento de hacer el depósito y cobrar el dinero cuyo valor lo fija unilateralmente y a criterio personal el funcionario de turno.

Este mecanismo facilita a los tenedores de armas “marcadas” deshacerse de ellas de la manera más fácil y lícita posible , pues se la entregan en guarda o destrucción a la propia autoridad que debiera secuestrarla para buscar al homicida, y encima, les pagan.

Para ser más puntual y preciso: si alguien ha utilizado una pistola para cometer uno o más crímenes, hecho a partir del cual se supone que los rastros balísticos pueden determinar la procedencia del disparo y ubicar el arma, la cual se encuentra generalmente en forma casual como producto de allanamientos o detenciones por otros delitos, ahora sólo basta que el delincuente se acerque a uno de estos centros de “intercambio”, entregue inocentemente el “fierro” por el cual recibirá una compensación monetaria y de esta manera se deshace de un gran problema; porque precisamente aquellas armas con las cuales se han cometido varios delitos suele no tener valor en el mercado entre los delincuentes porque se las considera “marcadas”. En este caso, la ley es una variable inagotable de posibilidades para que desaparezcan las herramientas del delito.

En el mismo sentido si un criminal ha cometido un homicidio con un arma, puede acudir a estos centro sumideros de pruebas e inmediatamente de consumado el hecho hacer desaparecer allí la maquinaria que de otra manera tendría problemas para esconder y/o deshacerse de ella sin dejar rastros.

Si algunos de los que todo lo explican desde el gobierno, dijera que las numeraciones están registradas en un padrón policial de armas con orden de captura, lo cual impediría (en teoría) que sucediera lo antes descrito, digamos que de acuerdo a la nueva iniciativa el delincuente puede limar la numeración del arma antes de llevarla y en el punto de entrega no se le preguntará nada, porque tal como dice la ley y difunden los funcionarios propiciantes, la acción es voluntaria, anónima y con contraprestación monetaria. Un negocio redondo para los chorros.

Negocio para el crimen II

En general en cada uno de estos operativos que se abrieron en distintas épocas políticas del país y que después cayeron por su propia inutilidad, se comprobó que las armas que se entregan son las de más bajo valor comercial y aquellas que puntualmente un ladrón profesional, un criminal o un “Killer” o “Sicario” no elegiría jamás.

Tal como pude observar en imágenes televisivas en épocas de Duhalde-Miguel Angel Toma había un fotograma donde aparecía la cabeza del político montándose en la falacia de la disminución del crimen, mientras detrás suyo los fierros ingresaban en un crisol de fundición. Quien tiene idea de armas sólo por las formas inclusive, en aquel momento se daba cuenta que las que se destruían eran pistolones de municiones de baja calidad, rifles monotiros de bajo calibre, revólveres y pistolas de aleaciones de bajo precio o antiguas y en general todo tipo de bienes de descartes o que no tienen significación para el delincuente profesional, excepto para aquellos que pueden provocar un crimen de forma espontánea, circunstancial y sin planificación.

“Fierros” de elite

En cambio, en aquella oportunidad y como está sucediendo ahora, no se contabilizaban entre los elementos a destruir revólveres de alto poder y precio (Smith & Wesson, Colt Phyton, Anaconda, Ruger etc) ni pistolas como una Beretta, Tanfoglio, Colt, Glock etc, ni fusiles y subfusiles como FAL, PA3, Uzzi, H&K, M-10 y otras de este tipo y aún más sofisticadas que se encuentran en poder de mucha gente en el país y particularmente de los delincuentes relacionados con el narcotráfico, los secuestros y la trata de blancas.

El colmo de la mentira lo pude visualizar hace unos días en un avance de la noticia en televisión (TN) en la cual hablaba un funcionario de una denominada “ Red Argentina para el Desarme ”, donde relacionaban las palabras en off del entrevistado con imágenes de distintas armas y municiones supuestamente (nadie dijo en la nota: son éstas)“entregadas” por la gente. Allí se mostraban revólveres de más de 1000 dólares de precio de venta en el mercado, pistolas que cuestan 2.800 pesos, escopetas de alto calibre (12,7) y fusiles con valores similares o superiores.

Si eso era una recreación nadie lo dijo. La nota dejaba entrever que se trataba de las armas entregadas, pero no lo aclaraba expresamente. Si en realidad se desea hacer un trabajo transparente creo que sería interesante que el Estado detalle en una página web las armas que entregan, los números si lo poseen, las características principales y una pequeña foto de la misma, donde cualquier particular vea y compruebe cuáles son las armas de fuego que han “desaparecido” del mercado y que nunca más volverán a ser utilizada por nadie. Pero eso no es posible; la norma no lo contempla, obviamente.

No son pocos los militares, funcionarios, políticos y amigos que colgaron en los quinchos de sus casas muchas armas antiguas que algunos incautos entregaron en los años en que el gobierno de la dictadura militar obligó al desarme público. El latrocinio de los militares en aquel momento llevó a la gente de más edad a no creer en estas soluciones mágicas y advierte muy poca claridad en estos mecanismos que intentan desarmar a la sociedad con la excusa de bajar la delincuencia.

La casa por el techo

Desarmar a la población sin combatir el tráfico ilegal de armas es como comenzar una casa por el techo, cuando lo lógico, y respondiendo naturalmente a la ley de gravedad es que se empiece desde los cimientos hacia arriba. Con este problema de las armas sucede algo parecido. En vez de sumar los esfuerzos para quitárselas a los criminales el Estado se ocupa de desarmar a la población para dejarla a merced de los chorros, habida cuenta que de ninguna manera se implementan paralelamente políticas de seguridad que le de a la gente la protección que les quieren quitar anulando el mecanismo lícito y constitucional de la autodefensa ante la ausencia del estado en ese rol.

" Del total de homicidios con armas de fuego sólo el 25% corresponden a robos, por lo que hay un 75% de homicidios por armas de fuego que tienen que ver con accidentes, conflictos interpersonales o suicidios ", dijo a BBC Mundo Juana Escúfalos, coordinadora de la Red Argentina para el Desarme.

Lo que esta mujer dijo muy suelta de cuerpo suena, además de increíble, refutable. En primer lugar la señora no cita las fuentes científicas de donde se hayan extraído los valores porcentuales de los que habla y desnuda una clara tendencia a minimizar la peligrosidad de las armas en manos de los delincuentes, porque tal como está presentado el panorama estatal, todos nosotros somos más peligrosos que los delincuentes que a la postre resultan ser más cuidadosos con las armas, aún cuando las usen para matar a la población.

Si “solo” el 25% de las muertes son homicidios por robos, significa que el otro 75% de las muertes con armas es porque la población es inoperante, descuidada y tanto o más peligrosa que ese 25% que las mata a conciencia. Es a partir de este razonamiento lineal que el estado admite que quitándole las armas a ese 75% ya no tendrá de qué preocuparse porque el combate contra las armas quedará acotado a ese 25% de los que matan en condición de robo, que en definitiva no son tantos en comparación con el resto de la población que quedará desarmada. Desopilante.

La premisa además de ser falaz y engañosa no tiene ningún sustento probatorio y parte de cifras antojadizas que a simple vista se descubren como falsas. El artículo señala “ En Argentina, de acuerdo con el Registro Nacional de Armas (Renar) habría unos 2 millones de armas registradas y unas 150.000 circularían ilegalmente, aunque organizaciones que tratan el tema señalan que las armas sin registro podrían ascender también a 2 millones”.

Dos cosas simples para analizar: el diario nacional habla que el Renar “tendría” 2 millones de armas registradas y unas 150 mil circularían ilegalmente, pero a priori las armas sin registros podrían ascender a 2 millones (¿?) ¿No es una brecha demasiado significativa de duda la que expone el artículo? ¿No será que en realidad las autoridades nacionales no tienen ni idea de cuántas armas hay registradas y mucho menos cuántas pueden haber en el circuito ilegal?.

Con este grado de seriedad y certeza para manejar los datos, la ignota señora Escúfalo de otra ignota organización definió que hay un 75% de la gente con armas que es más peligrosa que los ladrones que matan en ocasión de robo.

" No tenemos una visión ingenua de que los índices de inseguridad son bajos , explicó, pero sabemos que la resolución individual de comprar un arma no es la solución. Antes de servirle para su propia protección, hay más posibilidades de que la persona pueda salir herida o muerta por no saber usar el arma o que termine en el mercado ilegal " añadió en el reportaje a la BBC.

Una aclaración. Yo pienso que si esta mujer como dijo, pensara que los índices de inseguridad son bajos no es ingenua, merece otro calificativo. Y por otro lado ¿Quién es ella para determinar que la persona que compra un arma es alguien inconciente o irracional?. En todo caso hay algo que ella no se plantea y es que la responsabilidad primaria de que una persona compre un arma y pueda o no usarla convenientemente es del Estado que posee una legislación deficiente en la materia a la hora de que alguien adquiera un arma o bien el propio Estado no efectúa los controles obligatorios.

Aplicando el mismo razonamiento de Escúfalo no habría que vender autos porque hay más posibilidades de que la persona pueda salir herida o muerta por no saber usar el automóvil. Esta esquizofrénica manera de justificar todo por la vía de la catástrofe constituye en realidad un argumento poco inteligente para solventar un hecho poco razonable como pensar que comprando las armas de la calle, se van a sacar las armas de la calle y por analogía va a bajar el delito y las muertes en la Argentina.

Una experiencia similar en brasil en el año 2005 logró bajar menos del 3% las muertes por armas de fuego recolectando de éstas, unas 500 mil y sin embargo un censo criminalístico en el 2007 indicó que la potencia de fuego de las bandas y las patotas había crecido más de un 20% en el último año, es decir se han tecnificado logrando actualizar su arsenal producto de la retroalimentación del mercado ilegal al desaparecer las armas más obsoletas o de “circulación restringida” o “marcadas” que fueron sustituidas por las que insertan en el circuito ilegal los traficantes locales.

No todo es lo mismo

El mercado urbano de armas se divide al menos en dos sectores, las armas convencionales y de venta rápida como pistolas ligeras y revólveres de bajo calibre ( 22, 32 o 38) escopetas generalmente adaptadas y armas modificadas para algún tipo de delincuencia especial (motoqueros, salideras bancarias, robos a comercios o en la vía pública), luego hay un mercado de armas menos convencionales tanto en poder como en costos, donde se inscriben las de mayor calibre, mayor capacidad de fuego y en esta gama están los fusibles automáticos, las pistolas ametralladoras, las pistolas automáticas con cargadores extendidos y todo tipo de munición, incluyendo la antiblindaje. En este caso el nicho de venta es el más “profesionalizado” y se incluyen los salteadores bancarios, de camiones de caudales, piratas del asfalto, los secuestradores etc.

El Estado no puede controlar ni uno ni otro. Sin embargo con esta modalidad de cambiar armas por dinero, además de facilitarles a los criminales la eliminación de pruebas incriminatorias, les permite que con la venta de dos o tres armas del primer segmento adquieran al menos una del segmento de armas superiores. Es decir que los jerarquiza en vez de anularlos.

En la práctica esto significa que por ejemplo, un delincuente pueda acudir con dos revólveres calibres 38 y una pistola calibre 45 que no son las armas más buscadas por los criminales porque presentan recarga lenta, capacidad de amunicionamiento reducida y pesan mucho, y logre por ejemplo, la suma de 200 dólares por el conjunto.

Con ese dinero en el mercado ilegal el delincuente puede adquirir una Beretta 9 mm de 13 disparos o dos PA3 (Pistola Ametralladora nacional) y según el “proveedor” que elija, si es en zona de frontera en el norte del país, un FAL municionado.

Quiere decir que el Estado le ha facilitado a un criminal no solo que elimine su herramienta delictiva sino que dé un salto cualitativo en su poder intimidatorio que lo pondrá en un nivel de mayor peligrosidad para la sociedad. Mientras ello ocurre el mismo Estado trata de convencer a la gente que entregue sus armas lícitas y los amenaza con cárcel a quien sorprenda luego de armisticio con una de ellas en su casa.

Responsabilidad del Estado

Es ridículo que el Estado persiga a los legítimos usuarios porque están plenamente identificados como portadores de armas. Va de suyo que ninguna persona normal va a cometer un delito con un arma registrada a su nombre y si ello ocurre la policía tiene en sus manos un elemento irrefutable para encontrar al responsable. Sin embargo, estas organizaciones impulsoras de las campañas no dicen es que en realidad a la gente la mata el volumen de armas que están en manos de los delincuentes y que de acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de Armeros triplica en número a las del circuito legal.

Quiere decir que para combatir la inseguridad el gobierno demoniza a quien compró lícitamente y con su dinero un arma, realizó la papelería poco sencilla, pasó los test de aptitud, demostró tener un medio de vida lícito, equilibrio emocional, no poseer antecedentes penales y demostró idoneidad para su manejo; al menos estas son las exigencias obligatorias para un legítimo usuario. Si el Estado ahora dice que el propietario de un arma registrada no cumple con estos requisitos es porque falla el propio Estado en sus regulaciones como órgano de aplicación y control.

Por todo esto y por muchísimas cuestiones que hacen a la circulación y venta de armas en el mercado negro, las campañas de desarme de la sociedad son solo una medida distractiva para cambiar el eje de la discusión sobre la inseguridad. Los gobiernos intentan dar un golpe de efecto mediático que produzca una sensación térmica de que se está combatiendo la inseguridad, cuando en realidad ésta se ha salido de los cauces normales de su control. En los momentos de mayor inseguridad aparecen estas campañas, pero nunca se ha visto la aplicación de políticas serias en materia de combate al tráfico de armas o la droga en nuestro país, cuestiones éstas que junto con la prostitución corren en paralelo y trasvasan sus ganancias muchas veces solventados por la propia corrupción del poder.

Creo que la gente debe mirar un poco más allá de la nota de color donde un par de señores y alguna “Fundación” ocasional acopian armas a cambio de dinero con la excusa de combatir la falta de seguridad en las calles. Hay que exigirle al gobierno que implemente reales políticas de Estado en materia de control y combate de la delincuencia. Si existiera una verdadera preocupación por parte del Ministerio del Interior, seguramente por acto reflejo mucha gente abortaría la necesidad de tener un arma en la casa. Pero mientras el ciudadano común siga viviendo en la anarquía que imponen los delincuentes que se han hecho dueños de las calles, a nadie se le puede sugerir y menos prohibir que no tenga un arma para su protección.

Como una paradoja mientras el vecino recibe por los medios los argumentos de la campaña de recolección de armas civiles, en otro noticiero ve como se descubren casi por casualidad enormes cargamentos de fusiles o mecanismos de armas de guerra que se trafican en Buenos Aires.Se escucha por allí que desde algún regimiento o de Fabricaciones Militares salieron armas con rumbos desconocidos, se entera que una abogado en Capital Federal tenía en su poder una M-16, un AK-47 y vaya a saber cuántas más de este tipo y no puede menos que preguntarse dónde está la gran preocupación del gobierno por la inseguridad y el combate del delito, cuando se entretiene desarmando a la gente en vez de perseguir a los criminales. (Agencia OPI Santa Cruz)

Fuente:
[Diario de El Bolson BW]

posted by nawao @ 2:16 AM